El turismo rural en España está al debe en lo que refiere a los correctos cánones de la industria. Así lo manifestó La Red Andaluza de Alojamientos Rurales (RAAR). El mencionado organismo pidió a todo el espectro político que unan fuerzas para mejorar la actual ley de turismo ¿La razón? La legislación actual -según ellos -confunde a clientes y propietarios y, a su vez, incita al fraude.
El presidente de RAAR, Leopoldo Mora, ha explicado que, en Andalucía existen cerca de 4.000 casas y hoteles rurales que están atravesando una «situación delicada y de decadencia, agravada por la nueva Ley de Turismo que establece criterios imposibles de vigilar, favoreciendo la proliferación de la economía sumergida que resta imagen y calidad al producto, y además contiene graves errores materiales».
«Necesitamos que los partidos se comprometan a revisar y simplificar toda la normativa aplicable. Solo en España existen más de 70 figuras distintas para regular el turismo rural, y la presión administrativa y fiscal que soportan está claramente por encima de lo razonable para el volumen de negocio», ha sostenido en un comunicado.
La gestión territorial de los recursos turísticos, creando ‘microdestinos’ debe reflejarse, a su juicio, en la normativa, considerando además la participación de la iniciativa privada en su gestión.
En este último aspecto, la RAAR, que forma parte de la Federación Europea de Turismo Rural, Eurogites, conoce modelos donde organismos público-privados «asumen la gestión de los recursos propios del turismo rural con más eficiencia y agilidad», entre ellos ha citado países como Austria, Francia o Alemania.
El gerente de la red, Javier Cansinos, ha apostado por la puesta en marcha de un «gremio transversal que coordine las competencias de todas las administraciones que afectan a la actividad turística». De este modo, ha dicho, «se conseguirían evitar los eternos e inasumibles conflictos para pequeños empresarios, que en buena parte de los casos, solo alquilan su casa rural unos días al año».