¿Avanza la accesibilidad del turismo en Chile?

El 2009, la OMT adoptó la Declaración sobre la Facilitación de los Viajes de Turistas, haciendo un llamado a los estados miembro a garantizar la accesibilidad a los establecimientos turísticos, la existencia de servicios especiales para personas con discapacidad sin costo extra, la difusión de dichos servicios especiales y la capacitación del personal que trabaja en turismo.

¿Cuánto ha avanzado Chile en este tema? Bastante, pero aún se puede hacer más. Según el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), en Chile el 12,93% de las personas presenta una discapacidad en cualquiera de sus grados (2.068.072 personas). La Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad fue promulgada a inicios del 2010 y define el diseño universal como la base para las nuevas directrices de la integración.

El Estado de Chile ya había tomado acciones antes de la promulgación de dicha ley. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) editó el 2005 el Manual de Turismo Accesible, aunque su impacto en el sector turístico no fue significativo. De hecho, no existe información sistematizada acerca de qué establecimientos o proveedores cuentan con instalaciones o servicios accesibles para este sector de la población.

Por su parte, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) tiene un Manual de Accesibilidad para personas con capacidades diferentes en Áreas Silvestres Protegidas del Estado y viene implementando Áreas Silvestres Protegidas Accesibles a lo largo del país desde el 2006, facilitando el desplazamiento de las personas discapacitadas en senderos y miradores y adaptando los baños públicos para personas que utilizan sillas de ruedas, aunque hasta ahora esta accesibilidad está presente de manera parcial en sólo 12 de las 100 áreas protegidas que administra la entidad.

El Senadis igualmente cuenta con un Manual de Accesibilidad que se puede descargar del sitio web y tiene fondos concursables para proyectos de acceso físico, pero éstos sólo financian iniciativas presentadas por organismos públicos, municipios y personas jurídicas sin fines de lucro. Por lo tanto, las empresas del rubro turístico deben costear con recursos propios cualquier adaptación para la accesibilidad, lo que probablemente no ocurrirá a menos que lo vean como una inversión rentable.

Una buena medida inicial sería que Sernatur y el Senadis elaboraran una guía con los alojamientos, atractivos y transportes accesibles para viajeros con necesidades especiales.

Hay países, como España, que llevan la delantera en este frente. El año pasado se presentó la Guía Monumentos, museos y puntos de interés turístico accesibles para todos, patrocinada por Fundación ONCE y la Fundación Vodafone España, que recoge información sobre 167 monumentos, museos y puntos de interés turístico accesibles de todas las provincias españolas, así como los detalles concretos de accesibilidad de los mismos.

En ese país existen fuertes organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad y que tienen una gran trayectoria promoviendo la inclusión de ese sector de la población. Sin duda, un buen ejemplo para Chile, que gracias a esta nueva ley, tiene una oportunidad única de dar un paso significativo para impulsar, entre todos los actores involucrados, un nuevo paradigma en el cual la accesibilidad para las personas con discapacidad sea considerada un derecho y no un privilegio.

Marcela Torres

Periodista de la Universidad Andrés Bello y Máster en Turismo, con mención en
Ecoturismo, de James Cook University.

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