Un plazo de permanencia limitado, restricciones a la residencia e incluso de la libre circulación hacia Isla de Pascua serán algunos de los derechos que podrán verse limitados tras el envío al Congreso del proyecto de reforma constitucional que busca regular y establecer un control migratorio tanto para ese territorio isleño como también para el archipiélago Juan Fernández.
Esto, ante al exigencia de los habitantes de Rapa Nui, que en agosto pasado y como medida de presión se tomaron el aeropuerto de Mataveri y exigieron la presencia de altas autoridades de gobierno, para solucionar problemas migratorios referentes a la permanencia de «continentales» que llegan a trabajar a la isla.
Tras una mesa de trabajo y una consulta popular (con 96% de apoyo a la idea), el gobierno introdujo ayer para su discusión en el Parlamento la modificación a la Carta Fundamental, que se basa en que ambos territorios son especiales, que necesitan proteger su medioambiente. El argumento apunta a que «ambos conforman ecosistemas frágiles y muy vulnerables», dice el texto. Agrega que el sostenido incremento de residentes ha afectado la conservación de ambos territorios.
Desde esa premisa, se definirían residentes como temporales o permanentes. Los turistas, además, tendrían un tiempo limitado de estadía. Si la capacidad de carga es excedida, la libre circulación a la isla sería limitada e incluso se prohibiría su acceso. Respecto de los extranjeros, la facultad para otorgar las visas ya la tienen los isleños. La semana pasada comenzó a sesionar el comité de extranjería que ya evalúa siete renovaciones.
Fuente: Consuelo Argandoña, La Tercera.